Las últimas imputaciones indican que el fraude en Carabineros alcanza ya los 16 mil 500 millones de pesos, cuando sólo se ha revisado una fracción de las cuentas que se utilizaban para cometer el delito. Diecisiete uniformados y ocho civiles han sido imputados en el caso, pero la cifra, señaló el fiscal a cargo, podría subir a 60 personas. Además, la fiscalía ha denunciado presiones y amenazas para silenciar a posibles testigos.

Queda en evidencia, a la luz de las dimensiones del ilícito, la debilidad de los controles internos y también la incompetencia de las unidades de inteligencia, que no fueron capaces de detectar los incrementos patrimoniales de los involucrados. Tampoco los organismos civiles de control actuaron con diligencia, como lo admiten, en "El Mercurio", el ex contralor y el ex subdirector de Presupuestos.

Este caso —así como otras irregularidades investigadas por la Contraloría o la justicia ordinaria— confirma la urgencia de mejorar los sistemas de administración y control de Carabineros. No parece necesario esperar el término de la investigación del fraude para impulsar dichos cambios. Al mismo tiempo, deja también en evidencia la escasa voluntad que ha mostrado la autoridad política, desde el retorno de la democracia, para ejercer la necesaria vigilancia civil sobre el funcionamiento de la policía uniformada.

Dicha indolencia no sólo se limita al control financiero, sino también a la eficiencia del mismo trabajo policial, cuya evaluación técnica por parte de los distintos gobiernos ha sido prácticamente inexistente. Como lo ha señalado recientemente Mauricio Duce, presidente de Espacio Público, los datos y la evidencia disponibles señalan problemas importantes en dicho ámbito, que han sido sistemáticamente ignorados al momento de construir políticas de seguridad pública o fijar los presupuestos del área. La evaluación de Paz Ciudadana sobre el funcionamiento del Plan Cuadrante, en 2012, o el estudio del Ministerio Público sobre el funcionamiento del sistema STAD Investigativo y la calidad de los informes policiales, en 2014, por ejemplo, dan cuenta de fallas de gestión profundas, que no se solucionan simplemente con aumentos de presupuesto, refuerzo de dotación o ampliación de las facultades de Carabineros, que han sido las respuestas tradicionales de la política a la demanda por seguridad pública.

El creciente presupuesto que el país destina a esta área, del cual Carabineros recibe cerca del 38% (1.541 millones de dólares en 2017), obliga a vigilar con mayor rigor la eficacia de este gasto. Además del necesario control externo sobre las finanzas de la institución, este caso debiera motivar también el inicio de un debate serio, desideologizado y de largo alcance sobre la modernización y rendición de cuentas del trabajo de la policía uniformada.

Pasándolo chancho

—El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, se las cantó claritas a la DC: si quieren acuerdo parlamentario común, no pueden ir a primera vuelta —le cuento a Walter Alberto.

—Uno no puede tener chicha y chancho, les dijo —me responde mi amigo, que ya había leído la noticia.

—No es primera vez que un político recurre a la imaginería porcina. Hace algunos meses, el senador Ossandón había advertido que Chile Vamos era un chancho mal pelado.

—No faltarán quien piense, al interior del PS, que lo que le hicieron a Ricardo Lagos es una chanchada.

—Una crítica injusta.

—Dicen que el problema es que algunos socialistas le tomaron el gustito a sus pegas en el Estado. Ya sabes lo que dicen, Jota Jota: la culpa no es del chancho sino del que le da el afrecho.

—Así es la política, querido amigo. Si quieres poder, tienes que ensuciarte las manos. Recuerda este otro refrán: chancho limpio nunca engorda.

Vicepresidente ejecutivo: Felipe Edwards del Río

Director: Mauricio Gallardo Mendoza

Representante legal: Alejandro Arancibia Bulboa

Dirección, redacción y talleres: Av. Santa María 5542.

Fono: 2330 1111 (mesa central) Servicio al cliente: 2242 1111

Ventas, suscripciones: 29562456 www.lasegunda.com

Ley de inclusión

Señor Director:

Está ad portas de promulgarse el proyecto de ley que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad y que modifica la Ley N° 20.422 y el Código del Trabajo, estableciendo una obligación legal de empleos para personas con discapacidad a todas las empresas y organismos públicos con una dotación mayor a 100 trabajadores o funcionarios. Destaca en este proyecto, la derogación inmediata del artículo 16 de la Ley N° 18.600, el cual establece que las personas con discapacidad mental pueden pactar con el empleador una remuneración inferior al mínimo legal. Una vez que la ley se haga oficial, las personas con discapacidad cognitiva podrán recibir igual sueldo por igual labor.

Sólo la discusión de esta ley en el parlamento ha incrementado el interés en las empresas respecto a formar equipos de trabajo diversos, que incluyan a las personas con discapacidad como colaboradores productivos. Hoy, la inclusión laboral se entiende como parte de una estrategia de negocio sustentable, visibilizando en la gestión de la diversidad una captura de valor que ha permitido superar la mirada filantrópica o asistencialista que usualmente motivaba este tipo de iniciativas. Hace nueve años que nuestro país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la próxima promulgación de esta ley es un avance significativo en esta materia.

Carola Rubia D.

Directora Ejecutiva Fundación Descúbreme

Pepedé

Señor Director:

Tengo 31 años, prácticamente la edad del Partido por la Democracia, y estoy convencido del sello y carácter reestructurador de este proyecto de inspiración socialdemócrata, siempre a la vanguardia de los temas ciudadanos. El PPD para muchos es sólo un partido instrumental; se equivocan rotundamente. Los cimientos de este partido son sólidos y se reflejan en el sentir ciudadano día a día, apreciar que hemos consolidado un equipo parlamentario que ha impulsado reformas sustantivas (medio ambiente, derechos civiles, consumidores, regionalización, entre otras), cuyo impacto en millones de chilenas y chilenos nos deja con la gran tarea de seguir profundizando esta democracia que ayudamos a construir.

El PPD instaló temas en Chile que no sólo han interpretado al Chile que iba naciendo en democracia, sino que tuvo siempre la vista puesta en sintonizar con temáticas propias del progresismo mas vanguardista, ejemplo de ello es la píldora del día después, aborto en tres causales, la protección de datos, la recuperación de los bienes esenciales al Estado, abogar por los derechos de las minorías y hoy día el firme compromiso con el fenómeno de la migración.

El próximo 14 de abril, más de 30 mil militantes consolidarán al PPD como la fuerza progresista que Chile se merece, con domicilio en la centroizquierda y contribuyendo desde los diversos ámbitos a la construcción de una nación más inclusiva, transparente y solidaria.

Alejandro Vega

Vicepresidente Nacional PPD

Evasión I

Señor Director:

Coloquemos el balón al piso, como dice la jerga futbolera. Caricaturizar a la evasión del Transantiago como un problema que se resolvería con guardianes en las puertas me parece una burla excesiva.

El problema, que jamás se toca en profundidad, es la crisis de legitimidad que sufre el transporte público. ¿Por qué un pasajero que gana el salario mínimo mensual, va a querer pagar por un transporte poco frecuente, sucio, y en el cual, la mayoría de las veces, se viaja como rebaño enjaulado? La evasión no es justificable, pero me parece que, hasta hoy, nos hemos inmerso en un círculo vicioso: por mucha evasión, subimos las tarifas, pero poco se hace por mejorar la calidad del servicio, de modo de propiciar el escenario en que un pasajero con gusto pague su tarifa, disminuyendo así la evasión de la cual tanto se hace noticia. Todos los días observo lo mismo en el recorrido 106. No hablo desde el púlpito.

Diego Aguilar Vildoso

Evasión II

Señor Director:

La solución propuesta por don Patricio Balbontín Varas para evitar la evasión en el Transantiago se topa de frente con la defensa de los derechos humanos, puesto que la aplicación del "combo en el hocico" para los infractores del pago del pasaje, por parte de los tipos "maceteados" y de 100 kilos convertiría a sus autores en victimarios de unos pobres ciudadanos que tienen más derechos que deberes y obligaciones.

Francisco Donoso Aracena