No se conocieron personalmente hasta ayer, poco antes de la audiencia de formalización. Entonces, el abogado entró al calabozo en el que Rafael Garay esperaba en el Centro de Justicia y le contó qué iba a hacer y con qué argumentos pretendía pedir su libertad provisional. De pronto, su cliente le espetó, casi como en un arrebato: "No quiero discutir, no quiero discutir, ¡no quiero discutir!"

Así describe la escena Reynerio García de la Pastora, el profesional que defiende a Garay, y que esta mañana se entrevistaba con él en la cárcel para, en sus palabras, "tratar de entender esa decisión. Estábamos preparados, ya habíamos logrado elementos para discutir el asunto ante la jueza y él estaba dispuesto…".

Adelanta una hipótesis: "Una explicación que se me ocurre es que fue una fórmula de aparentar no sentir nada para no sentirse más humillado aún. Uno ve la turba que se produjo en la Corte de Apelaciones. Gente gritándole "¡asesino!", agrediéndolo, tirándole huevos". Y añade: "Eso es bullyng. Les decimos a los niños que no lo hagan y nosotros lo vemos impávidos. Nuestra sociedad debiera hacerse entera una psicoterapia".

Reynerio Dagoberto García de la Pastora Zavala es chileno de origen vasco. Hijo de un vendedor de productos del mar y una dueña de casa, estudió en el Luis Campino y luego Derecho en la Universidad Andrés Bello.

Vive en un departamento de 40 metros cuadrados en el centro de Santiago. "No necesito más, esto satisface todas mis necesidades", dice. Se mueve en moto porque lo relaja y lo obliga, cuenta, a "estar alerta. Aprendes a ver a la gente que va en los autos, a ver cuál es la conducta del conductor pues su actitud puede traducirse en una afección para ti".

Dice que se interesa en la mente humana y en los fenómenos psicológicos sociales. Para todos los casos en los que ha estado tiene reflexiones en ese sentido: respecto al caso Spiniak —defendió a Miguel Quiroga, brazo derecho del empresario, en la causa por abusos sexuales— relata que ahí se encontró con "lo peor de la naturaleza humana. (…) Un aprovechamiento hacia jóvenes pobres del que nadie se ha hecho aún cargo. Todo eso lo miramos un rato como parte de un show morboso que al final a nadie le importó".

Sobre su defensa a narcotraficantes, el último relevante fue el caso del clan Los Gaete, el 2012, y a cuyo líder se le incautaron $200 millones en sacos de papas en el entretecho de la casa: "Somos una sociedad histérica que ha hecho de las drogas una exageración mientras que, paralelamente, se pretende legalizar algunas".

También defendió a una profesora del Colegio Mater Puríssima acusada de abusos a sus alumnas y que fue absuelta. "La gente del colegio tuvo un ataque esquizofrénico de locura. A esa mujer se le destruyó la vida".

—¿Le pesa ser conocido por defender a personas que representan a "los malos de la película"?

—Tengo muchas causas como defensor, pero también represento al Colegio de Matronas. Ese otro tipo de casos no los escojo y tampoco no los rehúyo. El abogado puede hablar por quienes no tienen la capacidad de decir lo que necesitan para defenderse, personas a las que nadie quiere oír. Por eso, tengo que intentar entender qué le pasó al cliente.

— ¿Entiende la conducta de Garay?

—Uno de los desafíos es tratar de entender qué pasó y qué hay en su cabeza.

—Sicólogos forenses hablan de psicopatía ¿Lo cree?

—Creo que su psique no es normal, pero no alcanzo a arriesgar un diagnóstico mayor aún.

"Las necesidades básicas de los seres humanos no se pueden usar para controlar la conducta de las personas", señala el director social del Hogar de Cristo, Pablo Egenau, ante la medida del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (aprobada ayer en el Concejo Municipal) de restringir los beneficios sociales a los mayores de 30 años de esa comuna que hayan sido detenidos o condenados por tráfico de drogas.

Egenau explica que se generan dos incentivos "muy perversos". El primero es que "los traficantes buscarán vendedores cada vez más jóvenes (para obviar el requisito de 30 años), lo que tendrá un efecto contrario a las orientaciones internacionales que indican que hay que alejar a la población joven del crimen organizado".

Y el segundo, dice, "es que las estrategias represivas agravan la situación de las personas, agudizan la exclusión y la pobreza, y profundizan los daños, tanto para las personas involucradas como para sus familias y las comunidades".

Por otro lado, señala Egenau, los beneficios sociales son mecanismos que el Estado tiene para garantizar el cumplimiento de los derechos, tales como la salud o la vivienda, por lo que "ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos, lo que implica la obligación de respetarlos sin distinción alguna, ya sea por posición económica o situación judicial".

Y agrega que "cuando se limitan las posibilidades de satisfacción de las necesidades básicas, se expone a las personas a mayor precariedad y pobreza, lo que profundiza los daños, y por lo tanto las consecuencias tienden a ser de violencia", advierte.