Antes de que Macarena Charpentier denunciara al entonces juez titular del Juzgado de Garantía de Curacaví, Gustavo Campaña, por acoso sexual en marzo de 2013 —quien acaba de ser suspendido por un mes con goce de medio sueldo por la Corte de Apelaciones de Santiago— decidió hacer una reunión con sus compañeras de tribunal. En ese momento, cuenta, se percató que otras cinco habían pasado por situaciones similares. "Tuve que conversar con ellas porque las chicas lo tenían bien guardado por miedo", dice.

"El proceso en sí ha sido muy largo, y ha tenido un gran costo emocional y laboral para todas", afirma la funcionaria. Y añade: "Al principio las chicas no denunciaron por temor, y algunas quedaron, en ese momento, con la sensación de que no deberían haber denunciado".

Desde entonces, las seis funcionarias han llevado a cabo dos procesos: una acción otra judicial y otra administrativa.

En la primera, el magistrado fue formalizado en 2014 por abuso sexual en contra de las seis funcionarias, pero fue absuelto en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla al año siguiente.

"Después del fallo sentimos que se nos vulneraron nuestros derechos como trabajadoras y, sobre todo, como mujeres", dice la funcionaria.

Por eso recurrieron a la Corte Suprema para presentar recurso de nulidad, el cual perdieron 3-2. Pese a que era la última instancia judicial en Chile, el año pasado ingresaron la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: quieren que su caso marque un precendente.

A pesar de los sucesivos fracasos, la semana pasada ganaron la arista administrativa en la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que decidió suspender al juez por un mes después de un sumario que abrió el fiscal Daniel Calvo. Una insrancia en la que el juez Campaña negó haber tenido la conducta que le atribuyen las denunciantes.

Se trata de una resolución totalmente opuesta a la que en 2013 tomó el tribunal de alzada de San Miguel, que con las mismas denuncias no dictó ninguna medida disciplinaria en su contra.

Hoy, con la nueva resolución las funcionarias no quedaron satisfechas y decidieron apelar a la Corte Suprema con miras a lograr su remoción.

Para Raúl Araya, presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, esta medida "no se ajusta a la magnitud del daño causado". Y anunció que prestarán asesoría jurídica a las funcionarias para apelar en la Corte Suprema. La Segunda intentó tener la versión del magistrado, pero no respondió a los llamados.

Para la abogada y coordinadora del área Género y Derechos Humanos del Centro de DDHH de la Facultad de Derecho UDP, Lidia Casas, el caso denunciado por las funcionarias responde a la conducta típica de acoso sexual laboral. "Esta suele comenzar con roces o sobajeos y prosigue con corridas de caras o el llamado ´beso cuneteado, cuya denuncia generalmente no responde a un primer incidente, sino que a múltiples".

Explica que este tipo de conductas está tipificado en el artículo 2 del Código del Trabajo. "Cuando una mujer se atreve a denunciar estos hechos debe sobrepasar muchas barreras e, incluso, queda expuesta a ser juzgada por sus compañeros a que algo ella hizo para merecer eso", dice.

Dice que hay dos vías para denunciar: "La primera es que la víctima denuncie los hechos ante su empleador, pero el problema es que muchos jefes o superiores jerárquicos optan por minimizarlas, considerándolas quejas desproporcionadas con argumentos como no es para tanto y sólo fue una broma. Por eso, muchas comienzan el proceso pero no lo terminan".

La segunda opción es acudir a la Inspección del Trabajo. "La dificultad es que cuando el inspector concurre al lugar de trabajo a investigar la denuncia, nadie quiere testificar, ya sea porque prefieren no hacer tanto atado porque el acosador es padre y debe mantener a su familia, y otros, simplemente, porque no quieren meterse en problemas". Y añade: "El acoso sexual laboral es como la golpiza al interior de una familia, donde es la palabra de la mujer contra quien la agrede. Son muchas las dificultades probatorias".

Casas explica que las sanciones para quien cometa el acoso son: despido, restricciones o rebajas de remuneración o cambio a otra unidad de la empresa.