Capitaria (ex Forex Chile) interpuso ayer ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Ministerio Público y en particular la Fiscalía Local de Las Condes, representada por la fiscal Lorena Parra, para evitar que se concrete en los próximos días un allanamiento a sus oficinas con el propósito de incautar documentación y equipos.

La solicitud, patrocinada por el abogado Diego Messen, y en la que también se hacen parte Cristóbal Forno (gerente general), Andrés Rojas Scheggia (fundador y controlador) y Nicolás de la Carrera (gerente general de la corredora de la empresa) —en las fotos—, busca que la Corte de Apelaciones "adopte, con la debida urgencia, todas las providencias que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho", en lo que consideran una violación a las garantías constitucionales por parte del persecutor, que activó una serie de "medidas intrusivas" contra la empresa, sin autorización judicial, aseguran.

Esto luego que la fiscalía investigara a Capitaria en el marco de las investigaciones iniciadas a las empresas de Forex (contratos por diferencia con divisas) tras estallar el caso AC Inversions en marzo del año pasado.

"A pesar de que se han dispuesto y concretado una serie de medidas de investigación por el Ministerio Público (y durante todo este tiempo), aún no consta ningún antecedente fehaciente en la carpeta investigativa de hechos constitutivos de delitos", señala el recurso.

Pese a ello, la fiscalía ha seguido actuando contra Capitaria y "la realidad fáctica es increíblemente grave, pues el Ministerio Público está utilizando toda la fuerza policial y ejecutora, sin autorización judicial", contra la compañía, acusó, pese a que "no se ha formalizado en todo este tiempo" a ejecutivos de la firma.

Las respuestas de Capitaria

"Son sólo seis ex clientes cuyos casos llevan más de 2 años en el Ministerio (Público)", respondió vía e-mail Capitaria. La compañía asegura que "cada uno de estos casos se ha desacreditado por completo, debido a que los inversionistas no sólo conocían los riesgos, sino que tomaron personalmente las posiciones".

Capitaria recalcó que "jamás hemos ofrecido rentabilidades garantizadas y repudiamos ese tipo de prácticas", uno de los argumentos de la Fiscalía para solicitar el allanamiento de sus oficinas.

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