No quiero sembrar el pánico; todo lo contrario. Que se evalúe y no estar improvisando como últimamente".

Arnaldo Recabarren, ingeniero civil de la Universidad de Chile, ha dedicado gran parte de su trayectoria a estudiar los cursos de agua. Trabajó en Essel, fue seremi de Obras Públicas en el Biobío y director nacional de Obras Hidráulicas durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y precisamente cuando estaba en ese cargo, le correspondió encargar los estudios para poder rehabitar Palena, cuya geografía se transformó a partir de 2008 debido al embancamiento del río Blanco por las cenizas del volcán Chaitén.

Recabarren teme que eso ocurra ahora en las desembocaduras de los ríos Rapel, Maule, Itata y Biobío, debido a los incendios forestales que arrasaron 500 mil hectáreas, destruyendo la capa vegetal que impide la erosión del viento y la lluvia. "El riesgo es que como los suelos están expuestos —las raíces están quemadas—, la lluvia puede arrastrarlos a los ríos. Hay que ver cuán alto es el riesgo y tomar medidas preventivas a tiempo", dice.

El caso de Puerto Aysén

El ingeniero tiene a mano el ejemplo del río Aysén en la Undécima Región. Claro que el arrastre de sedimentos en ese caso se produce por quemas de bosques durante décadas, y porque la zona quemada superó las 3 millones de hectáreas. En ese caso, el embancamiento inhabilitó a Puerto Aysén para los barcos más grandes, por lo que hubo que construir Puerto Chacabuco hacia el oeste.

"En el caso actual, si esto llegara a ocurrir, sería en el corto o mediano plazo, con las precipitaciones de un año, sobre todo en la Región de Biobío, que es la más lluviosa de las tres más afectadas. Porque después de ese lapso la capa vegetal se empieza a regenerar. Además, que de seguro habrá campañas de reforestación, que es el método para contener la erosión", explica.

El motivo de preocupación de Recabarren es que estos incendios son inéditos por la cantidad de superficie arrasada. De hecho, se trata más o menos del noveno megaincendio más grande de la historia reciente (el más grande ocurrió en Siberia en 1987, donde se quemaron 11 millones de hectáreas). "El estudio hay que concentrarlo en las zonas de estos cuatro ríos que menciono y simular hidráulicamente el comportamiento de la sedimentación como en Chaitén", indica.

"Si se estima que los volúmenes de sedimentos van a ser tales que genere algún riesgo, hay que simular cuáles son los cauces que tomarían las aguas y si corresponde tomar las medidas correctivas de manera oportuna. Hay modelos hidráulicos para todo y también especialistas en arrastre de materiales", explica. Y añade que esto es lo mismo que los modelos de inundación por tsunami, pero en dirección inversa.

Lo esencial, agrega, es determinar si por las zonas por donde escurriría el agua hay comunidades, de modo de protegerlas. "No quiero sembrar el pánico; todo lo contrario. Lo que planteo es que se evalúe si existe riesgo y no estar improvisando como últimamente".

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Fue en 2011 cuando la Fiscalía Regional Sur abrió una investigación por la matanza de 29 perros en San Joaquín, que el fiscal a cargo del caso, Jorge Cáceres, se dio cuenta de que para indagar los delitos de maltrato animal no contaban con especialización para sus pesquisas.

El caso, que finalizó en 2013 con la condena de un funcionario municipal a 41 días de presidio remitido y otros cinco involucrados suspendidos, no sólo marcó un precedente judicial. También provocó que el fiscal regional Raúl Guzmán designara en 2015 a dos fiscales especializados —de los 65 que tienen—, dedicados a casos de maltrato animal y cuasidelitos: Jorge Cáceres y Orietta Galdames.

Además, Guzmán tomó otra medida: capacitar a jueces sobre bienestar animal, una iniciativa que se realizará por segunda vez en marzo próximo y que pretende sumar también a la Defensoría Penal.

Curso en el zoológico

La primera capacitación se realizó en diciembre pasado en el Zoológico Nacional, y en ella participaron tres magistrados de los tribunales de la zona metropolitana sur: Carolina Gajardo, Claudio Larre y Rodrigo Cayo. Allí visitaron la clínica, el centro de rehabilitación y el área de alimentación, "para aprender sobre las condiciones mínimas necesarias que requiere un animal para mantener un estado de buena salud, tanto física como psíquica", explica la fiscal Orietta Galdames.

Se trata de un curso que es parte de un proyecto que busca entregar mejores herramientas y profesionales para investigar delitos de maltrato animal y tenencia irresponsable.

Galdames explica que esta iniciativa también cuenta con capacitaciones cruzadas en las que participan Fiscalía, Carabineros, la Policía de Investigaciones, las 12 municipalidades de la zona sur, organizaciones civiles, universidades y zoológicos. "Si no contamos con esta red, no tienes los medios técnicos necesarios para investigar", enfatiza.

El fiscal Jorge Cáceres, jefe de Delitos Generales y Cuasidelitos, afirma: "Queremos hacer conciencia en los actores del sistema penal sobre la importancia del matrato animal. La verdad es que hay preocupación por parte de todos por resolver estas causas de buena forma".

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