Masones

Señor Director:

Pregunta "La Segunda" al historiador Antonio Márquez, ¿cómo sería Chile en el caso que ganara Guillier, un Presidente masón? Desde 1920, cuando asumió la Presidencia de la República don Arturo Alessandri, y hasta 1990, cuando asumió don Patricio Aylwin, hubo 31 oportunidades diferentes en que un ciudadano ejerció como Primer Mandatario. Dos o tres de estas personas ejercieron el cargo en dos oportunidades, por lo que hay que contar solo 28 o 29 personas distintas.

De éstas —hasta donde puede saberse— 22 fueron masones reconocidos, y solo siete no lo fueron. De esos siete no masones, dos fueron hijos de connotados masones: Jorge Alessandri y Patricio Aylwin, cuyo respetado padre fue una alta autoridad masónica y presidente de la Corte Suprema.

De los presidentes más reconocidos e influyentes en el curso del siglo XX —Alessandri Palma, Ibáñez del Campo, Aguirre Cerda, J. A. Ríos, González Videla, Allende, Pinochet—, todos ellos fueron masones. Más interesante sigue siendo, desde este punto de vista, la pregunta que hizo el Padre Hurtado en los años de 1950: ¿Es Chile un país católico?

Luis Valentín Ferrada V.

Chupilca

Señor Director:

Respecto del dictamen sobre la prohibición de que exista alcohol en barcos de la Armada, creo que hoy día estarían expuestos a un sumario administrativo el general en jefe del Ejército de los Andes, José de San Martín; el comandante Arturo Prat y el general Manuel Baquedano, por los siguientes hechos que denuncio:

El general San Martín, según documentos insertos en el Tomo X (páginas 519-570) de la Historia General de Chile de don Diego Barros Arana, ordenó comprar "charqui y aguardiente" para las tropas que cruzarían la Cordillera, entre enero y febrero de 1817.

De igual forma, el comandante Arturo Prat Chacón ofreció aguardiente a sus oficiales, la noche del 20 de mayo de 1879, según lo cita don Pascual Ahumada Moreno en su "Recopilación Completa de Todos los Documentos Oficiales, Correspondencias y Demás Publicaciones Referentes a la Guerra que ha Dado a la Luz la Prensa de Chile", 8 volúmenes, 1884 y 1892. Además, en la obra anteriormente citada, se deja constancia que tanto en la toma del Morro de Arica como en las demás batallas de la Guerra del Pacífico, la oficialidad chilena dejó pasar, negligentemente, el uso de la bebida llamada "chupilca del diablo", esto es, aguardiente y pólvora, utilizada entre la tropa de ese Ejército.

Jaime González Colville

Academia Chilena de la Historia

Preguntas

Señor Director:

Nuestras FF.AA. tienen miles de hombres entrenados, pilotos, aviones, hospitales de campaña, sistemas de comunicación de última generación y logística para actuar rápido en cualquier punto del país. ¿Por qué no dependen de ellos la famosa Onemi y el combate de incendios forestales, hoy en manos de la Conaf? ¿Se imaginan aviones y helicópteros con sus pilotos listos para despegar en distintos puntos del país apenas se insinúe un incendio? La reciente emergencia no hubiese existido.

Gabriel Délano Ortúzar

Uber y la gente

Señor Director:

Muy buena la respuesta del ministro de Transportes al taxista que lo increpó respecto a Uber y Cabify: "La gente prefiere Uber". Los argumentos del taxista, como que "Uber todos los días me quita los pasajeros y el salario", son de una persona que ama el estatismo trasnochado y se siente dueña de los pasajeros. Nadie tiene la propiedad de las preferencias del consumidor, hay que ganárselas. Respecto de seguir el ejemplo del Presidente Macri en Argentina y sacar a Uber, es mejor el ejemplo de California: mínimo de regulaciones y que la gente elija.

Sergio Correa Herrera

AFP y los fondos

Señor Director:

Dentro de otras y varias reformas que requiere nuestro sistema previsional, es necesario dotar al sistema en su conjunto con mayores cuotas de transparencia y legitimidad. En ese sentido, propongo incorporar al directorio de cada AFP a dos representantes de sus afiliados —los dueños de los fondos— escogidos al azar, por periodos determinados, según parámetros a determinar.

Su labor principal debería ser asistir a las sesiones de directorio, conocer la administración y desarrollo del negocio, participar en los acuerdos y decisiones de inversión, solicitar y revisar información comparada sobre servicios y comisiones en la industria e informar periódicamente a todos los afiliados, los dueños de los fondos.

Marcos Ceresuela M.

Las primeras semanas del gobierno de Donald Trump han estado marcadas una serie de decretos —órdenes ejecutivas— implementados, de manera atolondrada, para cumplir rápidamente con sus promesas de campaña. Este ímpetu le ha acarreado serias disputas institucionales: desde la destitución de la fiscal general en funciones hasta el enfrentamiento con su propio secretario de Seguridad Nacional, a raíz de la inclusión en el Consejo de Seguridad Nacional de Stephen Bannon, el asesor más polémico del Mandatario.

Ninguna de las controversias, sin embargo, parece más decisiva que la desatada por el veto migratorio, la orden ejecutiva que, sin previo aviso, prohibió la entrada a EE.UU. de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La decisión fue cuestionada casi de inmediato en tribunales de varios estados, y un juez federal de Seattle, James L. Robart, suspendió de manera cautelar su aplicación en todo el país. La Casa Blanca apeló al día siguiente, y ahora será la Corte de Apelaciones de San Francisco la que deberá decidir si mantiene la suspensión cautelar y, por otro lado, si corresponde aplicarla en todo el país.

Lo que podría haber sido una simple contienda judicial —el Ejecutivo tiene amplias competencias en materia de inmigración— se transformó, sin embargo, en una crisis de proporciones debido a la violenta embestida de Trump contra la justicia. El Presidente se refirió a Robart —nominado en su día por el republicano George W. Bush— como "ese supuesto juez", y dijo que él y el sistema judicial en general serían culpables si "pasa algo", aludiendo, veladamente, a un ataque terrorista. Tan grotesco ha sido el episodio que incluso el candidato a la Corte Suprema que el propio Trump acaba de nominar, el conservador Neil Gorbush, admitió, en una reunión con senadores demócratas, que los comentarios del Presidente eran "descorazonadores y desmoralizantes".

Algunos fallos de la Corte Suprema de EE.UU. han contribuido a modelar decisivamente la institucionalidad de ese país y la fisonomía de su sociedad, como ocurrió, por ejemplo, en la lucha por los derechos civiles. Sin embargo, la idoneidad de los jueces en ejercicio y la autonomía de los tribunales no habían sido cuestionadas de esta manera. La arremetida de Trump pone en peligro una arraigada tradición de separación de poderes y de respeto del Ejecutivo hacia la función judicial, que se remonta a los tiempos del juez John Marshall y la célebre sentencia de Marbury vs. Madison (1803), en los albores de la República. De la forma en que se resuelva esta controversia y la consideración de la Casa Blanca hacia las decisiones de los jueces podría depender, en buena parte, la mantención del equilibrio de poderes en EE.UU., tal como lo establecieron los redactores de la Constitución, y los límites que tendrá Trump para llevar adelante sus políticas.

El misterio de la retroexcavadora

—Jota Jota, tu que eres un tipo informado, ¿qué has sabido de los asesores de Trump? —me pregunta Walter Alberto.

—He leído que es un grupo pequeño y cerrado.

—¿Nombres?

—Stephen Bannon es el estratega principal; Reince Priebus, el jefe de gabinete, y Stephen Miller, el jefe de políticas. También está Kellyanne Conway, que fue su directora de campaña.

—¿Y del senador Quintana, no se ha sabido nada?

—¿Quintana? ¿Por qué se tendría que saber algo de él?

—A mí me parece clarísimo que el senador está asesorando a la Casa Blanca: en tres semanas Trump ha modificado las políticas migratorias, está revisando los tratados de libre comercio y comenzó a desmantelar el Obamacare. Tengo la sospecha de que Quintana se llevó la retroexcavadora a Washington, calladito, y la ha puesto a trabajar a toda potencia para remover los cimientos del modelo.

Vicepresidente ejecutivo: Felipe Edwards del Río

Director: Mauricio Gallardo Mendoza

Representante legal: Alejandro Arancibia Bulboa

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