Siempre le tuvo confianza al proyecto, pero así y todo Roberto Nahum, decano de la nueva carrera de Derecho de la Universidad de Santiago, confiesa que los resultados han sido "mucho más de lo que imaginábamos, lo que nos permitirá tener un sello de calidad universitaria y también de inclusión".

Su satisfacción se debe al interés manifestado por los estudiantes (postularon 1.354 personas a 60 cupos) y a que el 75% de los seleccionados son mujeres: "Las damas son mucho mejores estudiantes que los hombres y se lo digo por los años de experiencia que tengo. Nadie podría acusarme de machista", comenta.

Además, la naciente facultad —que durante el primer año funcionará en el campus de Estación Central— tuvo la oportunidad de regodearse a la hora de seleccionar a sus alumnos. Tanto así que el puntaje de corte alcanzó los 688,6 puntos. Es decir, el último aceptado obtuvo ese promedio. Además, el 87% de quienes postularon a la carrera lo hicieron en primera o segunda opción.

"Estuvimos a nueve puntos de la Chile y a bastantes puntos sobre las de Valparaíso, Concepción y todas las privadas en general", dice contento.

—¿A qué adjudica este éxito?

—Creo que es porque estamos validados en el mercado, dentro del mundo jurídico tenemos buena imagen y también, en alguna medida, es por la imagen institucional de la Universidad de Santiago. Piense usted que la Chile, mi alma mater, lleva 258 años de enseñanza continua del Derecho en Chile y nosotros estamos partiendo recién ahora... Es un éxito espectacular lo que tuvimos".

La primera generación —a la que se sumarán alumnos provenientes de convenios y de Bachillerato de la misma universidad— partirá sus clases el 6 de marzo. Por lo cual, además de la malla curricular, ya está listo el equipo académico que acompañará a Nahum y que integran Jaime Bustos (vicedecano), Luis Bobadilla (secretario de Facultad), Sabas Chahuán (director Departamento de Derecho Público), Claudio Herrera, Emilia Jocelyn-Holt, Roberto Mayorga, Salvador Mohor y Francisco Zambrano.

A ellos se suma el abogado Francisco Samper y el reconocido actor Humberto Duvauchelle, quien también hizo clases en Derecho de la U. de Chile.

—¿Cuál será el rol de Duvauchelle?

—Es un hombre muy valioso en el tema de expresión oral. Es uno de los grandes profesores de oratoria en el país.

—Llama la atención que uno de sus académicos sea experto en Derecho Romano y sea Francisco Samper, el mismo que suscribió una carta donde se le criticaba por no incluir esta materia.

—Acuérdese de que yo opté por no replicar esa carta que inició un joven que aún tiene resabios por una antigua enemistad cívica. El, sabiendo que no era efectivo, publicó esa cosa, engañando a colegas. Por eso no quise replicarlo, pero en los hechos está clarito... A Samper lo engañaron y cuando conversamos me reconoció que lo pillaron volando bajo.

—Que la carrera no pida memoria ¿puede haber incentivado la postulación?

—Puede ser… pero en el fondo el tema de la memoria está bastante devaluado en Chile. Hay mucha gente que se dedica a preparar memorias que luego venden. Es una realidad que uno tiene que reconocer y asumir. Por eso, en lugar de que muchos de los muchachos se tentaran, preferí incorporar un sistema que contempla la formación en investigación jurídica. Esa etapa culmina con un paper innovador del alumno o alumna que valoraremos como memoria.

Un total de $1.840 millones deberá pagar el Fisco a las víctimas del tsunami que afectó la zona centro sur del país el 27 de febrero de 2010. Así señaló la Corte de Apelaciones de Santiago, quien confirmó la sentencia que fue dictada por el Vigésimo Segundo Juzgado Civil. El fallo unánime estableció que las indemnizaciones —de entre $7.500.000 y $30.000.000— beneficiarán a 74 familiares de 20 víctimas y a quienes resultaron con lesiones en Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano y Tomé.

Hoy el Tribunal Constitucional dio a conocer la sentencia definitiva —tomada el 4 de enero— al dirimir a favor de la Contraloría General la contienda de competencia que se trabó con el 29° Juzgado Civil de Santiago, que acogió a trámite un recurso presentado por trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que pedían ser transferidos a Capredena. Según el TC, "la situación previsional de los funcionarios de la DGAC se encuentra consolidada desde 1985. De suerte que, al pedirse la reversión de este régimen, no se hace más que producir un estado de evidente incertidumbre jurídica". Y alerta que "mediante una sentencia judicial se busca suplantar las facultades constitucionales exclusivas del Presidente de la República", y "se quiere reemplazar la atribución radicada exclusivamente en los órganos legisladores" en materia previsional "a través de leyes orgánicas constitucionales que corresponde resolver a esta magistratura".