Dos días antes de que llegara julio —un mes marcador para Gloria Ana Chevesich—, la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó su fallo de primera instancia en el caso MOP-Gate y cerró —al condenar por fraude al fisco a 13 personas, entre ellas al ex ministro Carlos Cruz— un capítulo fundamental en la trayectoria de esta magistrada.

"Gloriana", como la llaman, tiene una relación casi esotérica con el séptimo mes del año: un 2 de julio de 1992 enterró a su madre, Laura; un 22 de julio de 2004 murió su marido, Andrés de la Maza, y un 3 de julio de 2013 el Senado —tras una larga discusión marcada por el MOP-Gate— la nombró ministra de la Corte Suprema.

Hitos que la marcaron emocionalmente y en su quehacer profesional, que fue sometido a prueba, una y otra vez, cuando asumió el caso, el más emblemático del sistema antiguo de justicia y que sigue siendo ejemplo para varios de los fiscales que hoy investigan procesos de fraude al fisco, como Penta y SQM.

En este tiempo, no sólo cambió el sistema procesal penal chileno (del secreto del sumario a los juicios orales). Desde que ella asumió el caso, en enero de 2003, se instaló en una oficina del 17° Juzgado del Crimen de calle Compañía, hasta donde desfilaron empresarios, ministros y subsecretarios de Estado.

También Chevesich es muy diferente a la jueza de 44 años que atrajo las miradas por su cuidada silueta y elegante estilo marcado por trajes de dos piezas y colores pastel. Toda una revolución en los vetustos pasillos de tribunales que la vieron hacer una atípica carrera en el Poder Judicial como relatora la Corte de Apelaciones de Santiago y luego de la Suprema.

Los anteojos —que ya no usa— le servían de escudo ante las escrutadoras miradas que buscaban resaltar hasta el más mínimo error que pudiera cometer por su falta de experiencia como jueza.

En los años que investigó el caso, fue siempre muy cautelosa. Y eso le permitió superar hasta la poca colaboración de los interrogados, quienes o se negaban a declarar o simplemente le mentían. Y salir airosa de las cuatro veces que la intentaron sacar del caso vía recusaciones o con el Tribunal Constitucional.

Fue pionera al incautar correos electrónicos de los involucrados y habló por primera vez de facturas ideológicamente falsas con que se justificaron traspasos ilegales de dinero.

Abrió 27 aristas, y con ellas indagó desde los sobresueldos a funcionarios públicos hasta recaudaciones de campaña, pasando por el robo del computador de uno de los implicados; el hallazgo de los restos del contador del Idecon, Daniel Figueroa, y el suicidio del sociólogo Enrique Ponce de León, procesado en la causa.

Apegada a las leyes y al secreto del sumario que imperaba en esos días, una de las cosas que más le dolieron fue cuando acusaron a su marido de filtrar información de la causa (poco tiempo antes de que éste muriera producto de un tumor cerebral). Y resintió que, en 2004, por primera vez sus superiores la calificaran con nota 6,79 y no le dieran el 6,95 que siempre obtuvo desde que ingresó al Poder Judicial, en 1986.

Hasta el ex ministro de Justicia Luis Bates la tildó de "Señora MOP", y la criticó por la demora en sus investigaciones. Pero lejos de amilanarse, optó por denunciar ella misma una serie de presiones justo cuando indagaba un eventual desvío de platas fiscales a la campaña presidencial de Ricardo Lagos (lo que no se acreditó).

Poco a poco fue ganándose el respeto de los procesados y de sus abogados, que de reconocerla como la magistrada "con las piernas más lindas del Poder Judicial", empezaron a llamarla "Dama de Hierro", por la dureza de sus interrogatorios.

Esa fuerza le permitió asumir su temprana viudez y seguir adelante junto a sus dos hijas. Aunque más tarde reencontró el amor en los mismos tribunales e inició una relación con el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Gajardo.

Quizás esa energía fuera herencia de su abuelo Liubimiro Chevesich, el croata que se reinventó luego de que un incendio (que se inició tras el terremoto de agosto de 1906) consumiera por completo su casa de calle Victoria, en Valparaíso.

Hoy Chevesich sigue tratando de mantener un bajo perfil y no ha querido comentae el fallo del caso Mop-Gate.

En su círculo cercano se reconoce que la resolución de la Suprema la tiene satisfecha. Es un respaldo, dicen, no sólo en lo jurídico sino también a su convicción de que el fin no justifica los medios, menos cuando se trata del tesoro fiscal.

"Las instituciones deben respetar la normativa legal y la probidad funcionaria es indispensable", suele repetir. Es una convencida de que "los empleados públicos deben ser probos, así como moral y éticamente irreprochables".

Lecciones que dejó la indagatoria

Algunas herencias del caso

l Una nueva legislación que regula la relación entre dinero y política (mediante control del gasto electoral); la creación del Sistema de Alta Dirección Pública; Ley de Compras Públicas, que entregó mayor transparencia a todas las adquisiciones, licitaciones y concesiones del Estado, y la obligación de que las autoridades realicen declaración de bienes al momento de asumir su cargo fueron algunas de las ideas ya plasmadas del acuerdo Insulza-Longueira.

l Fue un caso pionero al ampliar la investigación a los correos electrónicos de los funcionarios de la Coordinación General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Medida respaldada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó un recurso de protección interpuesto por los trabajadores del MOP, que indicó que la jueza actuó "dentro de la legalidad y con la debida ponderación" al incautar 180 cintas con los e-mails emitidos entre 1997 a 2003.