"Asado familiar". Así se llamaba el WhatsApp que —hace poco más de un año, a principios de mayo de 2015— un grupo de 27 estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Católica ocupó en medio de un examen para compartir las respuestas de la prueba.

Bastó que uno de los integrantes del grupo mirara con insistencia la pantalla de su celular para que la profesora del ramo Electricidad y Magnetismo (impartido por la Facultad de Física), le pidiera el aparato y descubriera el famoso chat donde se intercambiaban las respuestas de la prueba que estaba tomando.

Acto seguido, la docente confiscó el celular, el centro de alumnos deploró el episodio en una carta pública y las autoridades de las facultades de Física e Ingeniería denunciaron el hecho a Secretaría General, que luego instruyó un sumario investigativo.

Al día siguiente del descubrimiento de la copia, 19 de los 27 involucrados llegaron hasta la oficina del decano para admitir que eran parte del grupo.

La profesora, en tanto, decidió calificar con nota mínima (un 1.0) a los estudiantes pertenecientes al chat.

Tras un año de investigación —que incluyó un proceso de apelación—, el caso se cerró y se fijaron sanciones para los alumnos, las que ayer fueron informadas por el vicerrector académico, Juan Agustín Larraín, a todos los decanos del plantel mediante una comunicación interna.

De los 27 alumnos a quienes se les formularon cargos, 19 fueron sancionados por "incurrir en infracciones académicas" conforme al reglamento interno que rige a los alumnos UC (ver recuadro).

El proceso concluyó con un informe definitivo que establece un alumno amonestado, 9 alumnos suspendidos por un semestre académico y otros 9 alumnos suspendidos por dos semestres académicos, tiempo en el cual no pueden cursar ningún tipo de estudio en la UC.

"Es un procedimiento bien doloroso, pero somos una institución de educación y la integridad académica es uno de nuestros objetivos. La honestidad es un principio básico que deben tener nuestros alumnos. En el centro de nuestro quehacer universitario está la formación de personas y de profesionales con sólidos principios éticos", señaló.

Las sanciones comenzarán a regir a partir de este segundo semestre de 2016 y, mientras duran, quedan "congelados", por lo que no deben cancelar arancel o matrícula por el período de tiempo de la suspensión. "Una vez terminada la sanción, pueden retomar sus estudios con toda normalidad", dijo el vicerrector.

Larraín agregó que también se aplicaron penas accesorias —algunas temporales y otras definitivas— consistentes en la inhabilitación para realizar ayudantías o intercambios internacionales patrocinados por la Universidad.

"Las sanciones establecidas en cada caso dependieron de la participación de los alumnos tanto en la coordinación y organización previa a la copia, como en el envío y recepción de la información orientada a obtener mejores calificaciones", explicó Larraín.

El vicerrector señala que "un dato relevante en todo esto fue que un grupo de estudiantes se acercó y decidió contar la verdad. Desconozco si eso fue un atenuante en las sanciones, porque no conozco los detalles del proceso. Pero eso fue un acto de mucha valentía, que es destacable".

—¿Cómo ha impactado internamente el tema en la universidad?

—Hace un par de semanas hemos acordado que como universidad (académicos, funcionarios y alumnos) vamos a adherir a un Código de Honor que nos invite a mejorar aún más nuestra conducta, al respeto al bien común. Esta situación también se ha transformado en una oportunidad.

Según el reglamento interno

Las infracciones académicas

Un total de 15 son las infracciones disciplinarias de parte de los alumnos, según detalla en su artículo 10 el reglamento interno UC.

Cuatro de ellas se consideran infracciones académicas:

l Cometer fraudes en exámenes, controles u otras actividades académicas;

l Adulterar cualquier documento oficial, documento de asistencias, correcciones de pruebas o trabajos de investigación;

l Plagiar u ocultar el origen de la información, de investigaciones y trabajos en general; y

l Cualquier otro acto u omisión que sea calificado fundamentalmente como infracción académica por el Secretario General.