Dos tragedias aéreas figuran entre las investigaciones que el abogado Cristian Mellado Rodríguez (44) hizo cuando trabajaba en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

El fiscal, hoy jefe del Departamento de Fiscalización del MOP, es quien instruye desde el pasado 18 de abril el sumario por la inundación que causaron en Providencia las obras de mejoramiento que la Costanera Norte realiza en el lecho del río Mapocho.

Cuando ya se cumple poco más de un mes desde que el caudal se salió de su curso (anegando la zona comercial entre Andrés Bello y Providencia) el fiscal Mellado ya tomó declaración al personal de Costanera Norte y Sacyr —la empresa que construye las obras— e incluso elaboró un plano de todo el sector para ver con claridad por dónde ocurrieron los problemas esa madrugada, cuando el agua escurrió a la calle.

Aunque Mellado llegó el 2008 a la Fiscalía de Obras Públicas, contaba con experiencia previa en la investigación de accidentes y tragedias. Durante cinco años se desempeñó en el Departamento Infraccional de la DGAC, unidad que tiene la misión de precisar las causas de las caídas y desperfectos que registran los aviones civiles. Los más recordados de estos son dos accidentes de helicópteros.

El primero ocurrió en septiembre de 2004 cuando un helicóptero Bell UH-1H se estrelló en las cercanías de Panquehue (Quinta Región), causando la muerte del piloto Fernando Bonnassiolle y del pasajero Ronnie González Solís. La aeronave hacía una travesía entre Copiapó y el aeródromo Tobalaba, en Santiago y antes de la caída había informado al piloto del otro helicóptero que lo acompañaba que estaba registrando un desperfecto mecánico.

En una acuciosa indagatoria, según aparece en el reporte del accidente, Mellado pudo determinar que la causa del accidente fue "el corte en vuelo de una pala de la pala del rotor de cola, lo que generó vibraciones severas que provocaron el desprendimiento del rotor de cola (...) lo que hizo incontrolable el helicóptero, motivo por el cual se precipitó a tierra". También se detalló ahí que contribuyó al accidente que en esa pala de rotor se había "realizado una reparación, la que según el manual de mantenimiento aplicable no estaba autorizada".

El segundo accidente que indagó fue la caída de un helicóptero Bell 206 ocurrida en enero de 2005, en las cercanías del volcán Villarrica (Novena Región). En este capotaje fallecieron el piloto, el empresario Nicolás Kipreos Marinakis, y el pasajero Francisco Vargas Castro. El hijo del piloto, de 12 años, sobrevivió a la caída.

De acuerdo con la investigación en que participó Mellado, se estableció que "lo más probable es que el motor se detuvo en vuelo por razones que no fueron posibles de establecer, provocando una caída vertical de la aeronave (...) la distribución de restos y el estado de los componentes de la aeronave indicarían que ésta impactó con la superficie con su motor detenido".

En el MOP —donde desde 2014 es jefe del Departamento de Fiscalización— a Mellado también le ha tocado hacer sumarios con casos de muertes. En 2012 tomó el sumario a causa de la desaparición del geógrafo de la Dirección General de Aguas (DGA) Felipe Herrera, mientras éste y otro funcionario realizaban trabajo en terreno en el río Huemules, en la Undécima Región, en abril de ese mismo año.

En una resolución de primera instancia, Mellado resolvió suspender por dos meses con goce de la mitad de su sueldo al director regional de la DGA, Fabián Espinoza, por los cargos de negligencia y falta de probidad, por permitir que dos funcionarios sin licencia de patrón de bote manejaran una embarcación inadecuada y que no era propiedad de la DGA, sino parte de un convenio con el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia.

De primera demanda contra Costanera y Sacyr

Juzgado fija monto de indemnización

En una resolución firmada por la titular del 4° Juzgado Civil de Santiago, María Paula Merino, el tribunal dio curso a la primera demanda civil en contra de Costanera Norte y Sacyr por la inundación de Providencia. Se trata de la acción que la Inmobiliaria OFIPLACE presentó el pasado 9 de mayo. La empresa, que está en el piso 12 del edificio ubicado en Nueva de Lyon 0145, asegura en su escrito que "los daños son enormes, debido a que se inundaron los cuatro subterráneos, quedando inutilizables los equipos de electricidad, agua potable, ascensores y salas de acumulación de basura". Ahora, la jueza indicó en su resolución que "se declara que la cuantía de este juicio asciende a la suma de $ 61.197.712, equivalentes a 1.345,093 UTM, ascendiendo al valor de la UTM a esta fecha a $ 45.497". Con este trámite, la demanda queda en condiciones de ser remitida a los demandados para que éstos puedan elaborar la réplica con sus descargos. Todavía esta pendiente la evolución de la medida prejudicial que entablaron Laura y Catalina Infante, dueñas de Librería Catalonia, donde piden los documentos intercambiados entre el MOP, Sacyr y Costanera Norte en víspera de la inundación.