Cencosud prepara su última batalla en la Corte Suprema con el fin de sacar adelante el judicializado proyecto Alto Las Condes II, mall de lujo que proyecta construir en Av. Padre Hurtado con Av. Kennedy, justo frente al actual centro comercial de la compañía.

Para lograr el objetivo, la empresa liderada por Horst Paulmann contrató al abogado constitucionalista Arturo Fermandois, quien preparó un informe en derecho con el fin de allanar el camino al proyecto que se encuentra trabado por una resolución de la Seremi de Vivienda, entidad que había caducado el permiso para la obra que fue concebida como un centro comercial con torres de oficinas, incluido un rascacielos de 55 pisos. Todo con una inversión asociada de unos US$ 500 millones.

La disputa que se ventila en el máximo tribunal del país se desató luego de que la Municipalidad de Vitacura caducara a principios de 2015 el permiso de edificación del mall reduciendo las posibilidades de la empresa a sólo levantar una estructura de 7 pisos, golpeando así la rentabilidad del proyecto de Horst Paulmann.

Esta determinación fue avalada por la Contraloría y luego la Seremi de Vivienda se negó a revisar el dictamen municipal que truncó el proyecto de la firma. Eso generó la molestia de la compañía quien sintió vulnerados sus derechos constitucionales.

Ad portas de los alegatos finales en la Suprema, que se podrían fijar para el mes de junio, la empresa adjuntó el informe del abogado Arturo Fermandois que expresa que se habrían violado los derechos constitucionales de la compañía al no escuchar sus argumentos, "vulnerando la garantía de igualdad frente a la ley, por cuanto no se respetó el derecho a audiencia previa que la ley garantiza a todas las personas que enfrentan la potestad invalidatoria estatal", dice el escrito.

El informe del abogado de Cencosud destaca la victoria obtenida por la empresa en la Corte de Apelaciones instancia que en mayo dijo que "el actuar de la autoridad ha caído dentro del marco de la arbitrariedad".

De igual manera, asegura que en el recurso que es conocido por la Tercera Sala de la Suprema, sólo se pide la revisión de la nulidad del permiso, pero no que se analicen los motivos por los cuales las entidades municipales y gubernamentales bajaron el pulgar al centro comercial.

En la misma pelea, la Municipalidad de Vitacura, sostiene que el permiso fue entregado en el año 2000 y su duración era por tres años.

No obstante, aseguran que la empresa sólo realizó algunos movimientos de tierra para poder extender su duración.

Cencosud compró en 2010 este paño de 22.500 m2 en US$ 56 millones al empresario Carlos Celle Cafferata. La transacción incluía el permiso que autorizaba al propietario a levantar una torre de 55 pisos.

La pelea entre Agrosuper y Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por la eventual indemnización a los consumidores afectados por la colusión de los pollos está en pleno desarrollo en los juzgados civiles. La compañía ligada al empresario Gonzalo Vial nuevamente rechazó las pretensiones del Sernac que buscan que las tres empresas condenadas por formar un cartel —Ariztía, Don Pollo y la propia Agrosuper— compensen a los ciudadanos por los efectos que provocaron los acuerdos de cuotas de producción que se desarrollaron durante 10 años.

En un escrito presentado a fines de la semana pasada al 29 Juzgado Civil de Santiago por el abogado Nicolás Luco, Agrosuper sostiene que el Sernac no ha justificado "razonablemente la afectación del interés colectivo y del interés difuso de los que han reclamado en este caso".

De acuerdo a la empresa de Gonzalo Vial, para que la demanda colectiva sea admitida, el Sernac "debe acreditar el daño contra los consumidores y la existencia un vínculo contractual que ligue al infractor y a los consumidores afectados", situación que no estaría definida según el productor avícola.

La empresa argumenta que la demanda debe ser desestimada porque "ni siquiera existe claridad sobre el tipo de intereses que se entienden lesionados. Se solicita indemnizaciones por perjuicios de supuestas compraventas— se ignora cuáles y entre qué partes— de carne de pollo donde se habría cobrado sobreprecio a los consumidores donde no se conocería ni siquiera el monto".

Agrosuper dice que no hay un vínculo directo entre ellos y el consumidor, ya que la carne fue adquirida en las cadenas de supermercados.