Su total respaldo a la decisión de la Corte Suprema de solicitar exámenes de mejor calidad que los emitidos por Gendarmería, antes de decidir beneficios carcelarios para algunos internos de Punta Peuco, expresó este mediodía el sacerdote jesuita Fernando Montes.

El religioso —que aboga por un trato más humanitario para los condenados de mayor edad o aquejados de enfermedades graves— planteó que si bien sus demandas no apuntan a la revisión de beneficios "celebro que la Corte Suprema haga esto".

"Es fundamental que los informes sean hechos seriamente, informes de salud, sicólogicos. Cuando hay involucradas situaciones humanas de esta gravedad no puede hacerse una cosas superficial y mal hecha" dijo en relación a los argumentos que dio el máximo tribunal.

En tres fallos, relacionados con condenados por casos de derechos humanos, la Suprema criticó las evaluaciones psicológicas y sociales: "Se trata un informe elaborado por personal dependiente de Gendarmería de Chile, cuyas conclusiones se repiten reiteradamente y sin mayores modificaciones en cada uno de los casos de quienes se encuentra recluidos en dicho centro penitenciario, lo que permite concluir que en su elaboración no se actuó con la prolijidad y profundidad que tal labor requiere".

Para Montes uno de los casos que le llama la atención es el del ex suboficial de Carabineros, Claudio Salazar, condenado a perpetuidad por el caso Degollados: "El era un chofer que explícitamente consta que se oponía a lo que lo obligaron a hacer" .

Originalmente Salazar (conocido como Pegaso) fue condenado a 15 años por el ministro Milton Juica (que investigó el caso). El hombre pidió perdón públicamente en 1995 y, la última vez, en 2001 por medio de una carta que publicó la revista Caras.

La decisión de la Suprema abre las posibilidades de obtener beneficios a Aex Ambler Hinojosa, capitán (r) condenado a siete años de presidio por el asesinato de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo; Claudio Salazar Fuentes, ex carabinero sentenciado a presidio perpetuo por el homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino; y a Conrado Sesnic, ex funcionario de la Armada condenado a cinco años por el secuestro calificado del militante MIR, Rudy Cárcamo.

A los que podrían sumarse otros siete casos: Miguel Krassnoff, Miguel Estay Reyno (El Fanta), Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, presos por el Caso Degollados;

Francisco Ferrer Lima, quien fue parte, entre otras actividades represivas, de la Operación Colombo, el coronel (R) Hernán Ovalle Hidalgo condenado como cómplice caso "Sumar" y el capitán de fragata ® Hugo González Dárcangeli, detenido por la muerte de Rudy Cárcamo.

En 2014 Paz Ciudadana y la Universidad de Chile realizaron un estudio, a petición del Ministerio de Justicia, sobre el proceso de intervención de reos y en el cual se aporta un juicio crítico respecto del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios llevados a cabo por Gendarmería. Principalmente, se abordan los instrumentos que se usan para otorgar dichos permisos.

En el estudio, realizado por las investigadoras Ana María Morales de Paz Ciudadana y la académica Olga Espinoza,Coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile se hacen diversas propuestas para mejorar el sistema. Entre ellos, recomendó recoplicar instrumentos objetivos y dejar de lado los juicios clínicos que reposan en los conocimientos y visiones del profesional que elabora el informe.

También, centrar la evaluación de la potencial reincidencia de las personas beneficiadas; es decir, en los factores de riesgo. Asimismo, planteó usar el mismo instrumento con el que hoy se analizan las penas en libertad y las libertades vigiladas para evaluar el otorgamiento de libertades condicionales, beneficios penitenciarios y rebaja de condenas.

En cuanto a delitos especiales vinculados a Violencia Intrafamiliar o sexuales, se recomiendó el uso de una batería de instrumentos adicionales que discriminen de mejor manera los pronósticos.

El informe no se pronuncia especialmemnte sobre delitos de lesa humanidad.