Una reestructuración que implicó dividir en tres su área de riesgo y control de cumplimiento (compliance), además del refuerzo de su fiscalía, se suman a los cambios por los que atraviesa SQM tras el terremoto que vivió el año pasado debido a su participación (y de algunos ex ejecutivos) en el supuesto financiamiento irregular de campañas políticas.

Hacia fines de enero, la compañía decidió resstructurar su área de auditoría interna, que era encabezada por Macarena Briceño, ingeniero civil de la Universidad Católica que arribó a SQM en 1993 y que tras pasar por la gerencia de contraloría y gestión durante 10 años, en febrero de 2013 asumió como gerente de riesgo de control de cumplimiento, con obligación de reportar sólo al gerente general.

Ella fue la encargada de elaborar los primeros informes de la compañía que detectaron el pago de boletas y servicios sin respaldo por parte de algunas filiales y que luego fue complementado por el trabajo de los abogados del bufete estadounidense Shearman Steerling.

A partir de febrero, Briceño fue nombrada gerente de contraloría y gestión y a partir de entonces, debe reportar al vicepresidente de finanzas y desarrollo, Ricardo Ramos.

Adicionalmente, se agregaron otras dos gerencias: una de auditoría interna, a cargo del ingeniero Raúl Puerto —con 18 años de experiencia, proveniente de Anglo American— y que reporta al comité de directores; y otra de gestión de riesgo y cumplimiento, cuya cabeza asumió el ex director de marketing estatégico de SQM, Andrés Yaksic, quien ya tiene un equipo de trabajo conformado por cinco personas y que debe reportar a la gerencia general y al comité de directores.

Con estos cambios, el control de gastos de la empresa que antes estaba a cargo de sólo una persona que reportaba exclusivamente al gerente general, ahora es una tarea dirigida por tres personas que además del gerente general, también reportan al área de finanzas y al directorio, a través del comité de directores.

La compañía también decidió reforzar la vicepresidencia legal (fiscalía), que hoy está encabezada por el abogado de la Universidad Católica Matías Astaburuaga.

Astaburuaga es abogado de la Universidad Católica y se desempeña como fiscal desde febrero de 1989. Él fue quien escribió los argumentos y el cambio clave de la ley de royalty minero que el ex gerente general de la compañía, Patricio Contesse, envió al entonces senador UDI, Pablo Longueira, en un correo electrónico que fue la base para que el fiscal Pablo Gómez inciara una nueva investigación por el eventual delito cohecho.

Aunque aun no ha sido comunicado internamente ni tampoco se ha informado específicamente qué cargo tendrá, el abogado de la Universidad Católica Gonzalo Aguirre llegará a reforzar esa área.

El profesional tiene un postgrado en la Universidad de Georgetown (Washington) y se ha desempeñado como abogado del estudio Carey, y ha pasado por empresas eléctricas como AES Gener y SunEdison, empresa que desarrolla, financia, instala, es propietaria y opera plantas de energía renovable solar y eólica.