A dos años de la entrada en vigencia de la Ley 20.715, que redujo la tasa de interés máxima convencional (TMC), los resultados nuevamente ponen en disputa al sector privado con la autoridad, por el mismo punto crítico que enardeció el debate mientras se tramitaba el proyecto: la magnitud de potenciales desplazados del sistema con esta medida.

Mientras en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) sostienen que en este tiempo entre 90.000 y 173.000 clientes han salido del sistema, desde la vereda del frente se responde que la cifra es tres veces mayor. En el segundo informe anual entregado por la SBIF al Congreso, esta semana, para dar cuenta de la marcha de la Ley 20.715, la SBIF habla de "posibles desbancarizados", pero no entrega números absolutos.

"Nuestros estudios indican que en estos dos años han salido unos 300.000 clientes del sistema financiero formal, esto es, bancos y casas comerciales que operan con tarjetas", dijo Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo del Retail Financiero. Agregó que desde el punto de vista de los indicadores de solvencia, el resultado de esta ley es una noticia muy positiva, "pero desde el punto de vista de la inclusión financiera es una pésima noticia, pues miles de chilenos han salido del sistema formal de crédito", subrayó.

La pregunta de rigor es qué hacen después los desplazados, hacia dónde estiran la mano para pedir un préstamo. Claudio Ortiz tiene su propia teoría: "Estas personas recurren primero a los familiares, luego a los amigos, después a la ‘Tía Rica estatal' (Caja de Crédito Prendario) o a la ‘Tía Rica privada' (casas de empeño de oro y joyas) y finalmente a los prestamistas informales, o rompehuesos, como se conoce coloquialmente a los prestamistas clandestinos, ahora muchos de ellos colombianos", explicó el ejecutivo.

Un estudio realizado el año pasado por la SBIF, sostiene que con la información disponible "no es posible verificar si la salida de deudores del sistema bancario es compensada por el ingreso (o permanencia) de esos mismos deudores en otros oferentes de crédito, tales como emisores de tarjetas de crédito no bancarios, cajas de compensación o cooperativas de ahorro y crédito". La entidad fiscalizadora reconoció que no cuenta con información de las operaciones que los bancos no cursaron, debido al mayor costo que trajo consigo la reducción de la TMC.

Con la aplicación de esta ley, la TMC bajó abruptamente desde 53,9% a 34,37% anual, en el segmento de créditos hasta 50 UF; y a 26,33% en el segmento de 50 a 200 UF. O sea, 19,5 y 27,5 puntos porcentuales menos, respectivamente, con un claro beneficio de menor costo financiero para los deudores de créditos.

Pero en términos globales, el saldo es positivo porque el número de cuentas corrientes siguió aumentando a una tasa del 15%, indicador que refleja el gran dinamismo del sector financiero formal, en un período en que la economía ha mostrado un débil ritmo de crecimiento. Las cuentas corrientes de personas naturales en la banca suman 3,3 millones, cifra superior a los 2,8 millones que existían en diciembre de 2013. En tanto, las cuentas corrientes de personas jurídicas (en su mayoría empresas) suman hoy 490.684, respecto de las 439.329 registradas en diciembre de 2013.

Paralelamente, las tarjetas de crédito de todo el sistema (bancos, financieras, cooperativas y casas comerciales) suman 12,6 millones, casi el doble de las que existían en 2013. De esta cifra, 7 millones de estos plásticos han sido emitidos por entidades bancarias, situación que refleja, en general, que el acceso al crédito en la banca formal sigue gozando de buena salud. Lo mismo que las tarjetas de las empresas del retail (Falabella, Líder, Cencosud, SMU, La Polar, Hites, ABCDin y Tricot, entre las más relevantes).

Estos datos globales no dan cuenta con exactitud del número de individuos que son clientes de la banca, porque hay personas y empresas que manejan más de una cuenta corriente, en distintos bancos, así como otras que poseen dos o más tarjetas de crédito. "Por lo tanto, sería adecuado que la autoridad fiscalizadora entregara datos de los clientes de bancos considerando la sumatoria de RUT de personas naturales y jurídicas y no sólo el total de cuentas corrientes y de tarjetas", sostiene el abogado y asesor de empresas Esteban García Nadal.

"La información disponible oculta lo que está pasando a nivel desagregado, porque si bien las colocaciones totales no han bajado, como consecuencia de la Ley 20.715 los bancos y el retail han apuntado a los segmentos de mayores ingresos", subrayó Claudio Ortiz.

Así y todo, la SBIF sostiene que "cerca de 80% del financiamiento total de los hogares y poco menos de 50% del financiamiento de empresas proviene del sistema financiero formal", donde también se consideran las casas comerciales y las cooperativas, que están bajo su supervisión. No obstante, en el país existen poco más de 800.000 iniciaciones de actividades (empresas), de las cuales el 90% son micro y pequeñas empresas. A su vez, esto revela que "la banca tiene un amplio espacio para seguir bancarizando", dice García Nadal. Pero advierte que ello no está ocurriendo, porque existen restricciones objetivas ligadas a la aplicación de la TMC.

Por otra parte, un informe de la SBIF, divulgado el 29 de enero pasado, señala que la morosidad ha permanecido estable en los últimos años en el país. Eso sí, con una tendencia al aumento en el último trimestre de 2015. "Lo anterior también se ve reflejado en que las solicitudes a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, tanto de personas como de empresas, son muy bajas", comenta el abogado Esteban García Nadal.

Luego destaca que este es un dato positivo a nivel internacional, "ya que Chile tiene una de las relaciones deuda-ingresos más bajas de la OCDE, con un promedio cercano al 60%, versus el 110% que presentan en promedio los países miembros de esta organización". Sin embargo, aclara que "este dato hay que tomarlo con beneficio de inventario, pues debemos considerar que Europa vive desde hace varios años una fuerte crisis que ha alterado fuertemente estos datos".

Para el economista Alejandro Alarcón, "la autoridad se tiene que hacer cargo del proceso de desbancarización observado en los últimos años". Afirmó que "la Ley 20.715 y normas emitidas en ese período, con el seductor rótulo de protección a los clientes de la banca, están provocando un retroceso mayúsculo para las personas de menores ingresos".

Alarcón dijo que "la mencionada ley redujo artificialmente el costo del crédito y el fin de las normas que permitían el consentimiento implícito para la estructura de comisiones de las tarjetas de crédito". Mientras tanto, añadió que aún "duerme" en el Ministerio de Economía el reglamento complementario de esta ley, que regula el consentimiento explícito de los clientes para cursar las operaciones en el sistema financiero formal".

"Todo esto ha significado que, junto con la exclusión de los sectores de bajos ingresos y de las pequeñas empresas del financiamiento formal, tampoco pueden acceder a medios de pagos electrónicos, como son las tarjetas de crédito y, en el mediano plazo, al uso del teléfono inteligente para hacer operaciones financieras", afirma el economista. Añade que es prioritario que la autoridad encargue estudios más acuciosos para describir el fenómeno de la desbancarización, con investigación de campo para medir el incremento de las vías crediticias informales, "incluyendo la moda de prestar plata con tasas usureras y plazos muy cortos a los pequeños comerciantes de las ferias libres".

Alejandro Alarcón afirma que las nuevas tecnologías digitales, incluyendo los sistemas de validación biométrica, "ofrecen una oportunidad muy valiosa para mitigar en gran medida la disminución del acceso al crédito formal, porque reducen costos operacionales, ayudan al emprendimiento y generan economías de escala", subraya el economista.

Añade que en Chile hay más teléfonos celulares que gente y que mediante este recurso, amplios segmentos de la población podrían ser bancarizados, como ya ocurre en países desarrollados. Los sectores más beneficiados serían los que se ubican en zonas geográficas remotas donde no hay infraestructura bancaria suficiente.

A su vez, Claudio Ortiz destaca que el proyecto de ley que promueve el Ministerio de Hacienda y que permitirá a los agentes no bancarios emitir tarjetas de prepago es un muy buen camino para ayudar a la reinserción de las personas que fueron excluidas del mercado formal, como consecuencia de la ley que redujo TMC.

"De prosperar esta iniciativa legal, ayudará a la reactivación económica y será un gran instrumento para la inclusión financiera", concluye el ejecutivo.

Ley 20.715

Objetivos de la TMC

El 13 de diciembre de 2013 el gobierno de Sebastián Piñera promulgó la Ley N° 20.715, sobre "Protección a deudores de créditos en dinero", que modificó la Ley N° 18.010 y redujo la tasa de interés máxima convencional, usada por las instituciones financieras que regula la SBIF.

La nueva ley tuvo como objetivo beneficiar al segmento más vulnerable de deudores, centrando su aplicación en aquellas operaciones inferiores o iguales a 200 UF, en moneda nacional no reajustable (en pesos) y de 90 días o más. Junto con ello, cambió la forma de cálculo del techo para las tasas, anclándola a un segmento de préstamos de mayor monto, que a su vez son los que obtienen las tasas más convenientes.

Al mismo tiempo, esta ley encomendó a la SBIF la fiscalización de las operaciones en este segmento, además de las tasas aplicadas en las líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes y tarjetas de crédito, "en tanto sean concedidas por bancos e instituciones proveedoras de créditos".