Un informe policial de la Bridec fechado antes de ayer y dirigido a la fiscal que investiga el caso Corpesca, Ximena Chong, entra de lleno en presuntos aportes al senador Jaime Orpis hechos por otras cuatro grandes empresas: Entel, GTD, Costanera S.A y Agrícola Tarapacá (esta última parte del holding Ariztía y nunca antes mencionada en la causa).

La respuesta a la instrucción particular ordenada por Chong incluye el testimonio del jefe jurídico de Entel, Cristián Maturana Miquel, quien confirmó pagos a Lorena Lara, ex nuera de Viviana Quiroz (asesora de Orpis), cuyo nombre apareció en la causa por boletas que entregó a Corpesca por trabajos no realizados y cuyos dineros fueron entregados al senador.

En el caso de la empresa de telecomunicaciones, Lara emitió una boleta el 26 de agosto de 2009 y otra el 13 de octubre de 2009, ambas por "servicios de arquitectura". Cada una por $ 5 millones y que ya fueron rectificadas por la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El asesor jurídico señaló que "la sigla contenida en los registros SAP denominada FURETA corresponde al centro de costos de la gerencia de Finanzas, correspondiente a Felipe Ureta Prieto. Asimismo, RBUCHI corresponde al centro de costo de la gerencia general. Correspondiendo al ex gerente general de la empresa el año 2009, Richard Büchi Buc, quien actualmente es director de la empresa".

Consultado sobre la "aprobación efectiva de los pagos", Maturana señaló no poder aportarlas, atendido el tiempo transcurrido y a que quienes "figuran en los antecedentes recopilados han dejado de pertenecer a la empresa desde hace varios años".

En la misma declaración, el abogado señala que comenzó a averiguar sobre el tema tras una publicación de la prensa en octubre del año pasado, donde confirmó la existencia de las boletas y que los pagos fueron depositados a una cuenta del BCI.

Dice que informó a la gerencia general y al directorio, pero no puse el caso en manos del encargado de prevención de delitos de la compañía, pues ya se habían adoptado las medidas para judicializar el asunto (la entrega de las boletas al SII).

En el informe de la Bridec se propone a la fiscal Chong entrevistar a Felipe Ureta y Richard Buchi.

El informe también contiene indagaciones respecto a una empresa del holding Ariztía: Agrícola Tarapacá.

Hasta ahora, Ariztía no figuraba en la investigación de Chong (sí en el caso que se lleva por SQM).

Se trata de una boleta por $ 2 millones pagada por Agrícola Tarapacá a Bárbara Molina, asesora de Orpis que boleteó para Corpesca y que en ese caso entregó los dineros al senador. La boleta es del 8 de diciembre de 2009.

Adjuntado al informe también se encuentra el listado de boletas de honorarios de la empresa, entregado por Jaime Pérez, contador general de Ariztía. La Bridec interrogó como testigo a Enzo Prada, contador auditor de Agrícola Tarapacá entre 1985 y agosto de 2009, ejerciendo hoy labores de contabilidad para el holding, quien contó que un incendio de 2011 destruyó los registros, pero que debería haber un respaldo en una sede de Melipilla.

Respecto a Costanera Sociedad Anónima Comercial e Industrial (que tiene participación en grandes empresas), se hace mención a una boleta también de Bárbara Molina por $1 millón 800 mil. El informe propone entrevistar al representante de la compañía Alfonso Opazo (hijo de un consejero de la Sofofa). Finalmente respecto a GTD se vincula un pago por $5 millones a Carolina Gacitúa el 10 de enero de 2010. La mujer también es investigada por boletas que emitió a Corpesca.

Tras recibir el informe la fiscal Chong instruyó: investigar si las boletas fueron adjuntadas a la contabilidad de las mencionadas empresas, si se contrataron los servicios y si éstos se ejecutaron.

A senador desaforado

Los cargos que se le imputan

El senador Jaime Orpis fue desaforado por cuatro delitos por la Corte de Apelaciones de Santiago, y se inició un proceso judicial que puede terminar removiéndolo de su cargo.

Fue imputado por cohecho, por haber recibido dineros de Corpesca siendo un funcionario público.

También se aceptó iniciar el proceso judicial por lavado de activos. Sin embargo, este fue el más debatido en la Corte y la defensa ya apeló a la Suprema pidiendo revisar el desafuero por ese ilícito.

También se le imputa haber cometido delito tributario a través de 76 boletas ideológicamente falsas emitidas entre marzo de 2009 y abril de 2013 por un total de $264 millones. para uso personal.

Por último, se le procesará por fraude al fisco debido a la mala utilización de asignaciones parlamentarias que llegan a $151 millones.