Una demanda por no pago de servicios, interpuesta por Victorino Arrepol en contra del empresario Gonzalo Vial Concha (hijo del dueño de Agrosúper, Gonzalo Vial Vial), dejó al descubierto que el hombre de negocios pudo solicitar servicios en 2015 para realizar un barrido informático de sus empresas, con el supuesto fin de saber lo que estaba pasando en ellas.

Según el abogado de Natalia Compagnon, Felipe Polanco, Arrepol tendría características de hacker y llegó hasta Vial gracias a diversos servicios que prestó a Caval.

En el escrito, Arrepol asegura que accedió a las cuentas de correos de personal y de las gerencias de unas 17 empresas de Vial Concha y que además recopiló información sobre el padre de éste, Gonzalo Vial Vial, quien es dueño de Agrosúper. Ello, en medio de una supuesta disputa familiar.

De ser verdadera, la historia cobra importancia en el caso Caval, pues Vial Concha aseguró al fiscal haberse sentido engañado por Natalia Compagnon, quien —sobre la base de información falsa— le habría hecho creer que lo acechaba un complot de gente cercana, manteniéndolo así como cliente cautivo.

Sin embargo, según el abogado de la nuera de la Presidenta, Felipe Polanco, quien entregaba la información del empresario al socio de Compagnon, Mauricio Valero, era Arrepol. Por eso sospecha que el "hacker" pudo falsear las comunicaciones. De ser así, Compagnon también habría actuado bajo engaño.

Pero al jurista además le extraña que Vial haya contratado el año pasado los servicios del colaborador de Caval (Arrrepol), luego de sentirse burlado por esa misma firma.

En la denuncia, radicada en el Tercer Juzgado Civil de Concepción, Arrepol acusa que Vial sólo le pagó una parte de las UF 5.000 comprometidas.

El escrito comienza señalando que "a fines del año 2014 y principios del año 2015 fui contactado personalmente por Gonzalo Vial Concha. Sostuvimos varias reuniones que culminaron con su petición de proponerle un plan de manejo de información de todas las empresas ligadas a su familia… (deseaba) coordinar, controlar y supervigilar los manejos internos de información tanto contable, como financiera y, además, de las estructuras de los diferentes negocios".

"Con fecha 27 de enero del año 2015, en sus propias oficinas ubicadas en Curicó, suscribimos un contrato", agrega el escrito, que estipula que UF 1.667 serían pagadas en el acto de la firma del convenio, lo que según Arrepol se hizo en efectivo al día siguiente.

Una peculiaridad eso sí: la boleta que extendió fue anulada y hasta el momento no hay más pruebas de la transacción.

Según la demanda, Vial le habría dado a Arrepol recursos que le permitieron ingresar a todas sus compañías, para realizar "una exploración informática".

Producto de lo anterior habría recopilado información de 17 firmas, incluyendo 15 años de flujos de cajas; correos electrónicos de la gerencia y personal de esas empresas y recopilación de antecedentes de Agrosúper (controlada por Vial padre, pero donde el hijo también tiene acciones). A ello agrega, textualmente, "recopilación de datos e información de intereses del empresario don Gonzalo Vial Vial".

Victorino Arrepol culminó señalando que el empresario actuó con emisarios que quisieron recoger los resultados de su investigación, pero que no quisieron pagarle según lo acordado.

El abogado de Gonzalo Vial Concha, Luis Hermosilla, indicó que ni él ni su cliente se referirán al episodio.

Las farsas que lo rodean

El inverosímil historial de Arrepol

Victorino Arrepol —denunciante de Gonzalo Vial Concha— tiene un pasado peculiar.

Por ejemplo, en noviembre de 2009 denunció haber sido secuestrado por cuatro hombres de negro. Aseveró que le taparon los ojos con parches curitas y lentes negros. Era un truco de él, para quedarse con $30 millones, pedidos a sus "amigos" como rescate.

Cuando se acercaba el 2012 y Juan Andrés Salfate dijo en la televisión que vendría un cataclismo mundial, Arrepol le creyó y se construyó un búnker en la VIII Región, en el cual guardó comida y agua para subsistir tres meses.

En el caso Caval está confeso de falsificar un mail del ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con el fin de demostrar "influencia". También a sus interlocutores les hacía creer que la Presidenta Bachalet respaldaba la operación del préstamo para Caval. E intentó vincular en el caso a los UDI Pablo Longueira e Iván Moreira.